
El problema del agua en España se agrava y Cataluña lo está padeciendo con una intensidad desconocida. Todo el mundo tiene derecho a disponer de este preciado líquido y, además, es de rigor dar de beber al sediento. Pero los contubernios que se montan los políticos, su desfachatez, el donde dije digo, digo diego, y el disfraz que le quieren poner a un trasvase en toda regla es absolutamente paranormal. Y lo digo sin ánimo de molestar.
Veamos. El gobierno de Aznar aprobó en 2001 el Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase del Ebro a Valencia y Murcia. Pero, ¡ay, amigo!, el gobern (formado por un tripartito, PSC, ERC e ICV) se opuso en el año 2003 al proyecto, el cuál, además, tenía financiación europea, dicho sea sin acritud. Pero ahora nos costará 180 millones de euros, más 24 destinados a regadíos, que tendrán que salir del erario público (nuestros impuestos, si señor). Y todo por qué. Pues porque en esto llegó Fidel, perdón, Zapatero, y derogó el Plan Hidrológico Nacional en 2004. Y para más inri, los que se oponían a su ejecución (no habrá trasvase del Ebro, decían) aplauden y apoyan ahora la iniciativa del gobierno socialista (naturalmente porque les favorece y necesitan agua con urgencia). Eso sí, dicen que no es un trasvase; el eufemismo se llama "Aportación Puntual de Agua".
Valencianos, murcianos y almerienses, que llevan años padeciendo escasez de agua, están que les llevan los demonios con la medida (tranquilos que ZP sacará algún conejo de la chistera para contentar a todos). Aragón, por causas evidentes, también se opone, pero los catalanes, que tanto alardean de nacionalistas e independentistas, se van a llevar el agua de los españoles por la gracia de ZP. No obstante, los presidentes regionales de Valencia y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, han exigido al jefe del Ejecutivo la recuperación total del derogado trasvase del Ebro o en caso contrario presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. Están en su derecho y defienden sus respectivas comunidades.
¿Nos da igual que lo que nos pudo salir gratis nos cueste ahora un dineral por un capricho del gobierno, por llevarle la contraria al ejecutivo saliente del PP?
Lo que me irrita, y más en época de crisis económica, es que se dilapiden los dineros públicos por decisiones irresponsables o que se "regalen" a los afines (la Generalitat subvencionó con 17 millones de euros a la prensa catalana en 2007).
No obstante, en todas partes cuecen habas. Sin ir más lejos el sobrecoste del Hospital Universitario Central de Asturias alcanza ya los 45 millones de euros, sobre un presupuesto inicial de 205 millones. ¿Y qué, mosca cojonera? Lo que queremos es tener agua y una sanidad decente. Vale, pero ¿al precio que sea?, pregunto humildemente. ¿Nos da igual que lo que nos pudo salir gratis nos cueste ahora un dineral por un capricho del gobierno, por una escandalosa falta de previsión o simplemente por llevarle la contraria al gobierno saliente del PP. ¿Es permisible la prepotencia del “aquí mando yo y si quiero rompo un plato, cuando la vajilla no es tuya”?
Hay quien me dice: el que quiera agua que la pague. Otros en cambio son partidarios del reparto, pero no sólo para Cataluña y nunca a costa de restricciones en otras zonas. Equitativo y solidario. Y que el señor Montilla, presidente de la Generalitat, no nos venga con chulerías que no está el horno para bollos. Decir que “la obra de conexión de la cuenca del Ebro con el área de Barcelona será una infraestructura propiedad de los catalanes, pero la pagará el Estado a través de los Presupuestos Generales” me parece una provocación intolerable.



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