
Las alarmas sociales se han disparado dramaticamente ante esta nueva ola de muertes provocadas por la violencia de género. Cuatro mujeres asesinadas - presuntamente por sus parejas - en un mismo día (el pasado martes) elevan a quince el número de fallecidas en lo que va de año. Lo sangrante de estos hechos luctuosos (y perdónenme el epíteto) es que en la mayoría de los casos las víctimas habián denunciado a sus agresores y pesaba sobre ellos una orden de alejamiento. Desafortunadamente, de nada les ha servido. Y que, recientemente, un cargo público (y mujer, por más señas) haya declarado que la culpa es de las propias mujeres por no presentar denuncias (aunque en casos concretos sea cierto), resulta de un cinismo desalentador. Si con ello pretendía concienciar a las mujeres de la necesidad de no permanecer impasibles y sufrir en silencio el acoso o las agresiones de sus parejas, me parece que ha conseguido el efecto contrario al que pretendía.
La sensibilización social contra la esta lacra ha dado lugar a la promulgación de leyes en materia de lucha contra la violéncia doméstica; entre ellas la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.
La última ha sido la LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes están o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.

Dicen los expertos que solamente el diez por cierto de las mujeres maltratadas denuncian a sus agresores; y la cifra se reduce en el colectivo de mujeres inmigrantes, que unen a su condición de víctimas la de una posible situación de irregularidad (sin papeles), lo que les impide solicitar una ayuda que podría salvarles la vida.
En el concejo de Mieres las denuncias por malos tratos han aumentado un 30% en los dos primeros meses del año, según fuentes de la unidad técnica para la violencia de género de la Policía Local, que atendió 36 casos en el año 2007.
Malos augurios pues para las mujeres y malas noticias para una sociedad empeñada en desterrar para siempre de su esfera el maltrato y la discriminación de la violencia sexista.
http://www.20minutos.es/noticia/354454/0/cuatro/mujeres/asesinadas/



gwenda
2 mar 2008 | 10:27 PM
Son políticas no efectivas meras tiritas para tapar heridas muy profundas.
Besitos.